Luego de las quejas de los comerciantes por los costos que la obligación de tener plástico como medio de pago implica, la entidad monetaria estudia hacer una rebaja antes de que la normativa impulsada por la AFIP entre en vigencia.

El Banco Central analiza una nueva normativa que logre la reducción de las comisiones que aplican las empresas emisoras de tarjetas de crédito y las proveedoras del servicio del sistema Postnet a los comercios, según reveló hoy el vicepresidente de la entidad, Miguel Angel Pesce.

«Estamos trabajando con la AFIP para una rebaja en las comisiones que aplican las tarjetas y el sistema de Postnet», dijo el funcionario ante periodistas luego de la reunión de directorio.

La rebaja de las comisiones es una medida en estudio que complementa otra, también en proceso de elaboración, que obligará a los comercios a ofrecer la opción de pagar con tarjetas de crédito y débito.

Se trata de una nueva resolución en la que están avanzando en conjunto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central, que pretende desalentar el uso de efectivo.

En concreto, se prevé exigir a los comercios contar con el sistema Postnet para poder operar, con lo que el público va a poder pagar en todos los comercios con tarjeta de débito o crédito.

Sin embargo, desde que se hizo público el proyecto, muchos pequeños comerciantes expresaron su disconformidad por los costos que implicaría ofrecer el servicio.

Más allá de que el pago con tarjeta requiere más tiempo de atención por parte del vendedor, hay un costo económico que el pequeños comerciante no está dispuesto a pagar.

Desde la Federación de entidades de autoservicistas, almaceneros, supermercadistas y polirrubros de Buenos Aires, que abarca a más de 300.000 comercios, el presidente Enrique Eduardo Salvador dijo a lanacion.com : «La postura nuestra es muy parecida a la que tiene todo el comercio. Se tiene que pagar el 1,5% de la compra con débito y el 3% por cada compra con tarjeta de crédito, y además depender de los caprichos del banco».

El titular estima que sólo el 20% de los comercios de su federación brinda la opción de pagar con tarjeta. «En el rubro de la alimentación, el plástico no funciona bien, porque la señora que va a compra al negocio va con el efectivo. No me sirve que me compren un sachet de leche con tarjeta porque termino perdiendo. La falta de dinero la tiene el Banco Central, por eso él debe pagar por eso 3%, nosotros no lo pedimos», cuestionó.

Ante el anuncio del acuerdo entre la AFIP y el Banco Central de obligar a los comercios a incorporar en sus negocios mecanismos denominados posnets para operar con tarjetas de débito y crédito, esta Federación «rechaza esta iniciativa por considerarla ineficaz y perjudicial para los pequeños comercios por los descuentos porcentuales, de 1,5% y 3%» y además se quejó de ser «un intento recaudatorio que recae en los sectores más débiles» y que «beneficia, como contrapartida, a los hipermercados, grupos de concentración minorista y los bancos que prácticamente monopolizan como conjunto esta decisión estatal».

Desde la CAME. Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega, dijo: «Hay que tener en cuenta que la pequeña empresa no tiene estructura administrativa para controlar las cuentas y los resúmenes, hay que comprender la realidad del pequeño comercio y medir bien las medidas para que lo que se dicte sea realmente efectivo», resaltó De la Vega.

En diálogo con radio la Provincia de Buenos Aires, advirtió que «las normas que se basan sólo en la teoría o en los buenos propósitos, sino contemplan la realidad después no tienen aplicación».

De la Vega explicó que el pequeño comercio, «el familiar», no está bancarizado, por consiguiente, la medida no se podrá aplicar inmediatamente porque requiere de una cantidad de gestiones previas.

«Entendemos que si se quiere bancarizar a todo el sector comercial, lo más práctico y efectivo sería trabajar sobre el impuesto al cheque, que es la real causa por la cual la gente no está bancarizada», señaló De la Vega.

Sin embargo, consideró que es una «buena medida» para «perseguir las ventas en negro y la evasión».